Cada vez quedan menos viviendas sujetas al régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1954, pero todavía las hay. Debido a los mínimos beneficios, que incluso en muchos casos no llegan siquiera a cubrir los gastos ocasionados por la vivienda, que reportan a los propietarios, éstos están dispuestos a venderlos por debajo del precio de mercado. No hay que olvidar que esos contratos sólo pueden romperse por parte del arrendatario, o sea, del inquilino. Por esto han surgido particulares y empresas dedicadas a comprar pisos bajo este régimen de ocupación y a esperar que los susodichos inquilinos se vayan (¿a otro barrio?).

Para un pequeño propietario tener una vivienda alquilada bajo ese régimen normalmente es un engorro. De hecho en multitud de casos se deben a herencias (nótese que en este tipo de casos -es decir, que se herede una vivienda con un inquilino de renta antigua- es el propietario el que deja testamento antes que el inquilino). Pero para una empresa que puede soportar retrasar los beneficios de la posterior venta alquiler de esa vivienda es un gran negocio.