El Índice de Precios al Consumo (IPC, principal indicador de la inflación) presenta un crecimiento del 3,7% en lo que va de año, cifra no preocupantemente elevada pero muy por encima del 2,5% de incremento medio en la zona euro. El aumento del precio del petróleo, que ha llegado a rozar los 70 dólares por barril, ha aumentado el precio de los combustibles en más del 25% en un año.

Esta subida ha sido absorbida por los márgenes de beneficio de las empresas de transporte ante la negativa de sus clientes de aumentar las tarifas de este servicio para evitar perder competitividad. Pero esta circunstancia está llevando a la ruina a multitud de empresas de transporte por lo que se ha forzado a la Administración a una negociación en la que se pide que se repercutan los aumentos del precio del combustible en el precio del transporte. Esto repercutiría también en el precio final de los productos, con lo que se aumentaría el IPC previsto, bajaría la demanda general y descendería el consumo. De ahí que la negociación esté resultando tan complicada. De momento los Presupuestos Generales del Estado para 2006 contemplan una partida de 1.557 millones de euros (un 19% más que en 2005) en concepto de ayudas al transporte.

El aumento del IPC, además, provoca que los préstamos pierdan rentabilidad por lo que puede suponer que se suban los tipos de interés. Esto en la práctica supone el aumento de las cuotas de las hipotecas que están ya concedidas y el aumento del tipo de interés inicial de las que están por conceder, con lo que puede darse el caso de gente que deje de tener al alcance la obtención de una hipoteca. La gente que paga su hipoteca, cuando esta sube y si el banco ha seguido la recomendación típica de no conceder hipotecas por más valor del 35% del sueldo del hipotecado, no debería tener problemas para acometer la subida de la tarifa. Pero desde luego contará con cierto dinero menos al mes para sus gastos. Por pequeño que sea el aumento, al multiplicarlo por toda la gente que tiene contratada una hipoteca, resulta una cantidad enorme de dinero que, cada mes, queda fuera de la circulación. Esto tiene la consecuencia de disminuir el consumo, lo cual frena la economía general.