Las diferentes administraciones públicas, centrales o regionales, cuentan con planes de promoción de vivienda protegida. Se trata de viviendas construidas a un precio mucho menor que el de mercado para facilitar el acceso a la vivienda de las clases menos favorecidas. Normalmente son de dos categorías: de "protección oficial", para las clases más desfavorecidas (realojamiento de poblados chabolistas, por ejemplo); o de "precio tasado", que se venden en unas condiciones mucho mejores que las de mercado y el escaso margen de beneficio que se obtiene sirve para financiar las viviendas de precio tasado.

Las distintas administraciones del Estado funcionan, así, como un agente más en el mercado de la construcción y de la vivienda. Pero no es un agente con la suficiente fuerza en ese mercado como para influir en los precios de forma determinante.